Sala IV o Constitucional

Órgano del Poder Judicial, que en los últimos años se ha instaurado como un pseudo poder por encima del máximo órgano del Poder Legislativo: La Asamblea Legislativa. Que a su vez es el máximo poder del país.

Sea por astucia o estupidez de los anteriores diputados, además de grupos sociales o empresariales, que cuando una ley o proyecto iba en contra de algunos intereses o estaba mal redactado o con mal procedimiento, terminaba siendo escudriñado en la Sala. A ver si no iba en contra de alguna disposición constitucional.

Digo pseudo poder, porque finalmente pone límites y designa qué hacer hacia un poder de la República. Sin embargo, no es de elección popular, ni es representativo a los intereses de la población -como se supone que en la teoría debe ser el gobierno de un país-; pero sus disposiciones son indiscutibles y de acatamiento inmediato.

El problema a parte de la no representatividad popular y de asumir posiciones para las cuales no fue creada en un principio, es cuando un gobernante re-accede al poder gracias a una disposición de esta Sala; luego de cerca de treinta años de prohibirse la reelección y sin anteriores pronunciamientos al respecto. Vence en unos comicios de mayor percepción de fraude desde, sin temor a equivocarme, las elecciones de 1948 con la obsesiva y única propuesta de ratificar un tratado al que adversa buena parte de la población.

En este contexto la Sala IV ha perdido una importante cuota de legitimidad. Tal como le sucedió al Tribunal Supremo de Elecciones en la ronda de sufragios de febrero del año pasado. Tal como se le sigue desconfiando para el Referendo del próximo octubre.

Así, la Sala Constitucional se une a la lista de las instituciones de gobierno -ya no sólo el sector político- ante las cuales se desconfía.

¿Y que pasa cuando desconfiamos?